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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia la desaparición de 30.000 personas entre 1936 y 1948.

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#41
Heracles

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LA SOMBRA DE FRANCO ES ALARGADA


Sus fieles seguidores le guardan y tributan veneración y respeto. Esgrimen y ondean con orgullo sus símbolos y sus banderas, compartiendo sin fisuras el rechazo permanente que el personaje tuvo hacia la democracia y los partidos políticos. Difícilmente toleran que se le coloque en el museo de los más crueles y sanguinarios dictadores, al lado de Hitler o del recién fallecido Pinochet.


Los dictadores no tienen amparo en la posible prescripción de sus crímenes. Para ellos el tiempo no es el olvido. Un golpe de Estado contra la democracia es un hecho histórico pero nunca será un acto legítimo.


Siguiendo los debates que se han abierto sobre la necesidad de cerrar una época negra y trágica de España nos encontramos ante una realidad que, por encima de opiniones e interpretaciones de la historia, nos demuestra que Franco no ha muerto.



Está presente en estatuas, avenidas, calles y fundaciones legalmente constituidas. Su nacional catolicismo, única estrategia política que hábilmente mantuvo hasta su muerte, se ha perpetuado en la cúpula del Episcopado.


Una de sus máximas favoritas sostenía que los ciudadanos españoles, presos de sus demonios familiares, no estaban preparados para la democracia. Ahora que hemos superado nuestra "impericia" para vivir en democracia, ha llegado el momento de rescatar el valor superior de la justicia para los que murieron o vivieron sojuzgados durante la larga dictadura. De nuevo nos encontramos con los demonios familiares encarnados, esta vez, en algunos demócratas y, por supuesto, en los hijos espirituales y nostálgicos de aquellas gloriosas gestas que, según el derecho internacional de las sociedades y países civilizados, no son otra cosa que crímenes contra la humanidad.


Negarse a la anulación de los Consejos de Guerra sumarísimos con el pretexto leguleyo de que afectaría a la seguridad jurídica o la manipulación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de los derechos fundamentales, llena de perplejidad a muchos juristas. Todavía no he conseguido hacérselo entender a muchos colegas latinoamericanos que admiran la decisión con la que España aplicó el principio de justicia universal, persiguiendo a dictadores con el beneplácito y la admiración de la comunidad internacional.


No voy a perder el tiempo argumentando, una vez más, sobre la razón legal que nos asiste a los que mantenemos la posibilidad de su anulación. Sólo diré que la vergonzante propuesta de ley cuya tramitación se inicia, llega hasta el extremo insólito de vedar la publicación de los nombres de las personas que han intervenido en la comisión de hechos que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado como crímenes contra la humanidad.


Los más ilustrados de los grupos de opinión que no comparten la revisión legal del franquismo han acuñado una frase que aplican al presidente del Gobierno, al que acusan de "sectarismo revisionista". Seguramente no han leído la ley que propone, ni les interesa.


Algunos clasifican las dictaduras como los vinos. Incuestionablemente nuestra dictadura pertenece, por su duración, a la gran clase de la vinicultura y seguramente por ello piensan que no conviene mover la botella no vaya a ser que el preciado liquido se deteriore.


Las dictaduras chilena, uruguaya y argentina, al parecer, no alcanzan esta condición. Sus comportamientos fueron calcados de la ilustre marca que les ofrecía España. Suspensión de sindicatos, disolución de partidos políticos, del Congreso de los Diputados y de las Cortes Supremas de Justicia. La experiencia histórica y el buen consejo de Henry Kissinger les evitó caer en el enojoso trámite de articular consejos de guerra o cortes marciales que, con métodos expeditivos, encadenasen sentencias de muerte para los subversivos. La solución del exterminio la compartieron con los golpistas españoles, pero se olvidaron de trabas documentales y se dedicaron a chupar personas, torturarlas y hacerlas desaparecer de las más distintas y crueles maneras. Sus crímenes, iguales que los de la dictadura española, fueron juzgados. Pero la situación de inestabilidad obligó a dictar claudicantes leyes de obediencia debida o punto final.


La Corte Suprema argentina anuló éstas. Muchos asesinos tuvieron que sentarse en los tribunales y ser juzgados con el máximo respeto y protección de sus garantías democráticas. Pinochet era un delincuente político y económico que vivió envuelto en la ignominia de haber asesinado, y además robado el dinero público. Bordaberry, el presidente uruguayo que se prestó a dar cobertura al golpe militar, acaba de ser detenido y va a ser juzgado.


En España, a setenta años del golpe militar que dio paso a casi cuarenta años de dictadura, muchos piensan que los asesinatos "legales y selectivos", las torturas que sufrieron infinidad de ciudadanos y el miedo de los supervivientes fueron incidencias del pasado que debemos olvidar.


Un político uruguayo, cuya dictadura es la última de la lista, nos recuerda que la historia sólo es historia cuando es completa, cuando no tiene espacios vacíos y cuando las responsabilidades, los méritos, las tendencias, los aciertos y los errores ocupan su sitio.


En esta España marcada por cuarenta años de fascismo, sólo cabe descubrir a los muertos y enterrarlos de nuevo. Recuperar la dignidad que les llevó a oponerse a la barbarie de un golpe militar no merece el esfuerzo de aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es clara, los españoles durante los años de la dictadura no teníamos derechos humanos, sólo éramos súbditos y además extraterrestres. Los redactores del texto de la ley, conocida simplificadamente como de la memoria histórica, no han leído, con rigor jurídico, ni las leyes alemanas de desnazificación, ni la doctrina que emana del Tribunal Supremo estadounidense cuando ha llegado a sus manos el primer caso de los zombies naranjas que deambulan por Guantánamo.


Si no hay espacio político para la razón es mejor que se aparque la ley y la nefasta idea de borrar el pasado con certificados de buena conducta, si es que los cinco hombres sabios deciden que concurren los requisitos legales.


José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.
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#42
Heracles

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Santos Juliá NACIONAL
Año de memoria
Santos Juliá 31/12/2006



"ADMITO, ADMIRO y agradezco el alzamiento popular en defensa de la República. Pero usted no ignora que dentro de él han ocurrido abusos monstruosos. La crueldad, la venganza, hijas del miedo y de la cobardía, me avergüenzan", dice Garcés a Marón en La velada en Benicarló, diálogo sobre la Guerra Civil que Manuel Azaña, presidente de la República, escribió en mayo de 1937. Marón responde: "Mayores atrocidades cometen los rebeldes". Y Garcés replica: "Lo sabemos. Nadie monopoliza la barbarie ni el desmán. Pero esto no es una compensación. Ellos son la negación de la ley; nosotros somos el Gobierno, la legitimidad, la República. Una conducta noble, sin otro rigor que el de la justicia, habría robustecido la autoridad de nuestra causa".

Este diálogo manifiesta la impresión dominante entre quienes, combatiendo por la República contra la rebelión militar, se sentían desolados por la crueldad que también en territorio leal condujo a abusos monstruosos. Nada justificaba el golpe de Estado, nada excusaba aquella rebelión militar que el mismo Azaña definió como horrenda culpa y crimen de lesa patria; pero nada justificaba tampoco las atrocidades cometidas en la República, no siempre por grupos de incontrolados; no las justificaban, ni la rebelión, ni aquella justicia histórica invocada por Ángel Ossorio / Marón en el diálogo con Garcés / Azaña.

Este desgarrador sentimiento de repulsa a la rebelión y de vergüenza por los crímenes cometidos en la República no puede confundirse con una igualación o equiparación de culpas ni de responsabilidades. A cada cual correspondía la suya. A los rebeldes, por haber desencadenado una guerra civil de efectos devastadores; a los que tomaron las armas para aplastar la rebelión, porque, además de que nada justificaba la matanza de tantos inocentes, contribuyeron a hundir la propia República.

Así vivieron sus memorias muchos españoles del exilio y muchos disidentes de la dictadura: es el recuerdo que late en la, de otra forma, engañosa expresión "todos fuimos culpables", acuñada en el exilio. Por eso, cuando los exiliados comenzaron a encontrarse con disidentes del interior -monárquicos, católicos, antiguos falangistas-, el primer punto del orden del día era proyectar hacia atrás una amnistía general que permitiera mirar hacia adelante. Sin ella habría sido imposible el encuentro de Múnich o las "mesas democráticas" en las que comunistas y católicos se hicieron demócratas antes de la democracia.

Sobre ese clima moral, que entrañaba profundas consecuencias políticas, se basó la transición. No es verdad, por mucho que se repita, que aquéllos fueran años de amnesia y silencio sobre el pasado: nunca se ha escrito ni debatido tanto de la guerra y del franquismo como en los años de la transición. Ocurrió, sin embargo, que memoria y recuerdo se encaminaron a abrir caminos de futuro: si la transición fue posible se debe a que los mayores, los que hicieron la guerra, habían aprendido su terrible lección, y a que sus hijos, al borrar la divisoria entre vencedores y vencidos, liquidaron su no menos terrible herencia.

Esa historia compleja, alimentada por tantas biografías cruzadas -de padres fascistas que caminan a la democracia, de hijos educados en Falange o en la Acción Católica que se hacen socialistas o comunistas-, es lo que el Gobierno, en su culto al adanismo, no tuvo en cuenta cuando se embarcó en un proyecto de ley denominado, en sus primeros pasos, de memoria histórica. ¿Y qué es memoria histórica en un país dividido a muerte por una guerra, en la que hermanos -de sangre, nada de metáforas- tomaron partido contra hermanos? Cuando un país se escinde, la memoria compartida sólo puede construirse sobre la decisión de echar al olvido el pasado: ése es el sentido de la amnistía general, como Indalecio Prieto y José María Gil-Robles lo comprendieron ya desde los primeros años de la posguerra.

Pero amnistiar no es ignorar ni silenciar: sabemos muy bien lo que pasó. Hay cientos, miles de relatos de todo tipo sobre la guerra y la dictadura. Tal vez el Gobierno debió haberlo pensado un momento antes de proponer una ley de memoria histórica. Lógicamente, como en tantas ocasiones, ha tenido que volver sobre sus pasos. La ley ha cambiado de nombre y de objetivo. Ahora se trata de reconocer y ampliar derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia en la guerra y en la dictadura, es decir, de hacer lo que se ha venido haciendo paso a paso desde la transición. Para culminar la tarea habrían bastado decisiones políticas sobre las cuestiones pendientes. No ha sido así, y el año de la memoria se cierra, como no podía ser de otra forma, con todas las memorias enfrentadas.

EL PAÍS.
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#43
Heracles

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Ian Gibson: La exhumación de restos de Lorca debería ser una cuestión de Estado



Gibson, en una entrevista con Efe, lamentó que el Estado, en esta ley, 'no asuma la responsabilidad de nada' y traslade todas las competencias relacionadas con la recuperación de la memoria histórica, entre ellas las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil, a los municipios. ("Algo impensable en cualquier país Europeo", Heracles dixit).


'Lorca es el poeta español más famoso del mundo y la víctima más notoria de la Guerra Civil española, y por ello creo que incumbe al Estado la búsqueda de sus restos', dijo el biógrafo del poeta granadino, para quien 'trasladar la responsabilidad a los municipios no tiene la misma garantía'.



Gibson duda que la Ley de la Memoria Histórica vaya a cambiar la posición de la familia Lorca en su negativa a que se exhumen los restos del poeta, una postura que asegura no comprender.



'Circulan mil bulos por Granada sobre la ubicación de los restos de Lorca', dijo el historiador, quien recordó que a pesar de que la teoría con más peso es que Lorca descansa en una fosa en Fuente Grande, Alfacar, junto a otros tres simpatizantes más de la República, también se ha apuntado la posibilidad de que esté enterrado en la Huerta de San Vicente o en Nerja.



El último de estos 'bulos' llegó a oídos de Gibson hace escasamente unas semanas, cuando, en una visita a Alfacar, alguien le aseguró que tenía pruebas de que Lorca descansa en la Cripta de la Catedral de Granada.



El hispanista, que calificó esta tesis de 'absurda', la consideró una muestra más de la 'rumorología' existente en torno a la muerte de Lorca, y en este sentido opinó que 'es a la propia familia a la que le interesa que eso se aclare de una vez por todas, y no entiendo por qué no es posible'.



A su juicio, existe 'un terrible y notable silencio' que se cierne sobre Alfacar y Fuente Grande, que está provocando que no haya 'ningún avance' en la ubicación definitiva de los restos de Lorca, que achacó 'posiblemente, a presiones de la familia' del poeta, que consideró que 'habría que investigar'.



Acerca de la polémica abierta por familiares de dos de los fusilados con Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y el banderillero José Galadí, partidarios de exhumar sus restos, consideró éste un 'caso insólito' que podría tener que resolverse en los tribunales, para dilucidar 'si pesa más la negativa de la familia Lorca o la voluntad de las otras dos familias'.



Consideró, asimismo, 'increíble' la 'ligereza' con la que muchos periodistas tratan el asunto de la exhumación de los restos de Lorca, al confundir el Barranco de Víznar, donde puede haber enterrados dos mil republicanos, con la Fuente Grande de Alfacar, que está a un kilómetro de distancia y en la que se cree que se encuentra la fosa de Lorca.



'No se trata de abrir una fosa común con dos mil fusilados en busca de Lorca', dijo Gibson, quien subrayó que en Fuente Grande 'sabemos que Lorca está enterrado con muy poca gente'.



El hispanista, quien recientemente habló con la familia de Dióscoro Galindo, explicó que ésta 'no quiere llevarse los restos de su abuelo, sólo quiere saber si están allí, con eso se quedaría conforme', un deseo que comparte la familia Galadí.



Gibson confió en que la aportación de enmiendas a la Ley de la Memoria Histórica por los grupos parlamentarios sirva para dar respuesta a reivindicaciones históricas como la anulación de los juicios sumarísimos.



Para el historiador, 'lo más terrible' de los sumarísimos es que ocurrieron una vez que los franquistas ganaron la guerra.



'Sabemos que entre 1939 y 1944 hubo, por lo menos, 50.000 ó 60.000 juicios sumarísimos, y eso es un genocidio, otro orden de horrores', algo que, aseguró, 'la derecha no asume y tienen que hacerlo'.



Ante las críticas de ciertos sectores del PP, que han acusado a Gibson y a los que defienden la anulación de los sumarísimos de incurrir en 'Guerracivilismo' y de tener 'sed de venganza', el hispanista negó este extremo y apuntó que lo que realmente hay, entre un amplio sector de la sociedad española, es 'sed de restitución y de justicia y un profundo dolor, porque mucha gente no sabe aún dónde están los restos de sus seres queridos'.





Terra Actualidad - EFE

Este tema ha sido editado por Heracles: 02 January 2007 - 04:35

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#44
CAPACHOR

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Pa mi que a este Gibson, le interesa que se siga discutiendo de esto para forrarse, pero que la memoria historica se la pasa por el forro de los cojones.
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#45
WHO

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Valencia
CEMENTERIO GENERAL

Un estudio eleva a 23.000 las víctimas de la dictadura enterradas en seis fosas de Valencia

El informe servirá para denunciar ante el Tribunal de Estrasburgo el «genocidio franquista»

Rafel Montaner, Valencia

La presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, Amparo Salvador, presentó ayer un estudio realizado por esta asociación independiente que revela que en seis fosas comunes del Cementerio de Valencia fueron enterradas más de 20.000 víctimas del franquismo durante los cinco primeros años de la posguerra.

El trabajo de investigación realizado por el Fòrum se basa en el análisis de los Libros de Registro de Enterramientos del camposanto, un documento que contiene el nombre de los fallecidos, edad, causa de la muerte y prisión u hospital de procedencia.
Salvador explica que sólo en los primeros días tras la entrada de las tropas franquistas en Valencia, el 29 de marzo de 1939, figura el término ejecución como causa de muerte en unos 50 casos, a partir de ahí ya solo se anota como motivo de la defunción términos médicos como asistolia, tecnicismo con el que se define un paro cardiaco, y que es «la principal causa de muerte, con gran diferencia, entre los presos procedentes de las cárceles de Valencia».

Palizas, torturas y hambre

Los investigadores del Fòrum detallan, por ejemplo, que en un mismo día «se entierran a decenas de personas muertas por asistolia, la mayoría de ellas jóvenes e incluso a familias enteras con niños». Otras causas bajo las que según los autores de la investigación «se disfrazan palizas, torturas, ahorcamientos y ejecuciones son anotaciones como "shock" traumático, pérdida de masa encefálica, asfixia por suspensión o hematocefalia, que se repiten constantemente».
Esta reiteración de las causas de muerte lleva a señalar a Salvador que el «90% de las 26.300 personas enterradas entre el 1 de abril de 1939 y el 31 de diciembre de 1945 en las cinco fosas comunes de las que existen Libros de Registro serían víctimas del franquismo, con lo que estaríamos hablando de más de 23.000 personas».
En ese 90% se incluyen los numerosas fallecimientos por extrema desnutrición -El término usado en los libros es el de caquexia-, «porque los que murieron de hambre también son víctimas de la dictadura», señala Isabel Esteve, otra de las autoras del informe junto a Salvador y Guillem de Fez.
El Foro por la Memoria, la federación estatal a la que pertenece el Fòrum, ha convocado para hoy una reunión en Madrid con el fin de abordar el estudio del cementerio de Valencia. Salvador explica que el Foro presentará este informe, que desvela la cifra más alta de enterramientos en fosas comunes durante la posguerra que se ha documentado hasta ahora en España, «ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo con el fin de denunciar el genocidio franquista, ya que estos hechos nunca se han juzgado aquí».


http://www.levante-e...mEjemplar=3136#


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#46
ANTIBETICO 200%

ANTIBETICO 200%
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Para todos los foreros Neo democratas serán 23.000 suicidios y si no, seremos unos apatridas por desenterrar temas totalmente superados en la transición


PD: para Fedeguico y algunos cargos del PP de mi ciudad MAS TENIAN Q HABER SIDO

Este tema ha sido editado por ANTIBETICO 200%: 06 February 2007 - 23:45

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#47
SIN PERDON

SIN PERDON
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ansio que destrozen el cementerio de san fernando buscando las 3 fosas comunes sobre las que se ha edificado nichos.
para que se exhumen los cuerpos y tengan nombre y familiares a quien darselo


No hace falta destrozar nada, es fácil saber donde están esas fosas comunes y ahora viene el conflicto porque no hay forma humana de exhumar los restos de caídos supuestamente por la República cuyos familiares quieren someterlos a un proceso de identificación y no exhumar los restos de otros caídos supuestamente por la República como mi abuelo que no tengo ninguna gana de que se altere su descanso.

Este tema ha sido editado por SIN PERDON: 07 February 2007 - 00:04

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#48
ANTIBETICO 200%

ANTIBETICO 200%
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No hace falta destrozar nada, es fácil saber donde están esas fosas comunes y ahora viene el conflicto porque no hay forma humana de exhumar los restos de caídos supuestamente por la República cuyos familiares quieren someterlos a un proceso de identificación y no exhumar los restos de otros caídos supuestamente por la República como mi abuelo que no tengo ninguna gana de que se altere su descanso.



La verdad es q nunca lo habia visto como tú, no había caido en que algunos familiares no quisieran exhumar a los suyos... joder, vaya melocotón, si te lo propusieran ¿que harías?
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#49
alexis

alexis

    El faro que nos ilumina

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pues por lo visto muchos nichos estan encima de esas tumbas , asi que si queremos abrir fosas en el cementerio de san fernando hay que destrozar los nichos esos tipo pared.
los cabrones montaron bien las fosas comunes , para que nadie pregunte por ellos , segun dice la gente las fosas se localizan en jardines pero he oido tantas historias que ya no me creo nada.
se podria hacer un estudio con aparatos como hacen en bosnia o africa para buscar las fosas?
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#50
Heracles

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OTRA VICTORIA CONTRA EL OLVIDO

Queridos padres: una vez en capilla para ser ejecutado..."
Una investigación permite identificar a 850 republicanos fusilados y enterrados entre 1937 y 1948 en una fosa común en Santander NATALIA JUNQUERA - Santander - 03/02/2007 /EL PAÍS
"Queridísima Pilar:



Por fin llegó la hora fatal en que se va a cumplir una sentencia dictada por la incomprensión. Te escribo unas horas antes de dejar de existir, no para pedirte mis últimos deseos referentes a nuestros queridísimos hijos, ni para recordarte tantas y tantas ilusiones como quedan truncadas con mi muerte; te escribo para que sepas que en estos fatales momentos, mis recuerdos van hacia vosotros, seres tan queridos a quienes no besaré más, a quienes no veré jamás. Estoy con ánimos. Nunca se miró a la muerte con tanta valentía como cuando se la tiene tan cerca".
El autor de estas líneas es Ángel Martínez Ros, un cortador de vidrio, fundador del Partido Socialista en Renedo de Piélagos, sindicalista, natural de Mataporquera (Cantabria) y de 31 años. Están escritas horas antes de ser fusilado en la tapia del cementerio de Ciriego (Santander), el 30 de noviembre de 1939. Un año y nueve meses antes había sido condenado a muerte por ser "propagador de ideas marxistas" y "organizador de asociaciones extremistas", según consta en el archivo militar de A Coruña.

Durante los últimos 67 años, Ángel Martínez Ros ha sido un "desconocido". Así es como figuraban en el registro del cementerio de Ciriego los 850 republicanos que fueron fusilados en la misma tapia y enterrados en las mismas fosas, unos sobre otros, durante 11 años, desde agosto de 1937 hasta abril de 1948, la época de la mayor represión franquista y los juicios sumarísimos. El Ayuntamiento de Santander acaba de comprometerse a inscribir sus nombres en un anexo del registro. "A partir de ahora, si alguien cree que algún familiar suyo fue fusilado y enterrado aquí puede consultar el registro y comprobar si está en el archivo", explica Samuel Ruiz, concejal del Ayuntamiento responsable del cementerio.
El hombre que ha conseguido ponerles nombre se llama Antonio Ontañón. Es el presidente de la asociación Héroes de la República y ha invertido en este bautismo póstumo más de 20 años, desde que se jubiló como empleado de banca. "Era tremendamente injusto. Como si los hubieran matado dos veces. La primera, con una bala, y la segunda, quitándoles su identidad. Estoy muy satisfecho de que por fin puedan figurar en el registro", explica.


Para averiguar quiénes eran y cerciorarse de dónde estaban, Ontañón ha cotejado los archivos de la prisión provincial de Santander con los del cementerio de Ciriego; los partes de salida de los presos republicanos condenados a muerte con el parte diario de entrada de "desconocidos" en el cementerio municipal. Así hasta 850 nombres. Todos "rescatados del olvido", título de un libro de casi 500 páginas donde Ontañón comparte con los lectores 20 años dedicados a consultar archivos y recabar testimonios.
Ángel Martínez Ros tenía aquel 30 de noviembre de 1939 tres hijos, uno de ellos, recién nacido. Su mujer, Pilar Landáburu, fallecida hace tres años, no volvió a hablar de su marido en mucho tiempo y tardó cerca de 30 años en enseñar aquella carta de despedida. "Prefirió que sus hijos supieran lo menos posible para que no dijeran nada en el pueblo y no se metieran en líos. Por eso mi madre apenas sabe nada de su padre. A mi abuela le costaba mucho hablar de ello, tenía el caparazón muy gordo y mucho miedo todavía. Con 15 o 16 años me entró la curiosidad y empecé a preguntarle por mi abuelo. Cuando cumplí 20 y después de mucho insistir, conseguí que me enseñara las cartas. Empecé por la de la despedida y tuve que parar de leer. Me impresionó", relata Dolores Puente, nieta de Ángel Martínez Ros.
La investigación de Ontañón ha permitido que otras familias desempolvasen otras cartas, cientos de historias parecidas. "Queridísimos padres, hermanos y demás familia: Muero con toda tranquilidad, igualmente que 16 compañeros que se encuentran conmigo. Yo les pido de todo corazón que tengan resignación y no se aflijan por nada. Se lo pido en mis últimos momentos y si no lo hacen así no cumplirán mi última súplica", escribe José Manuel Marcano Cobián, fusilado el 28 de agosto de 1940, a los 23 años. "Piensa y vive sólo para la nena. Mi querida mujer del alma, no quiero ni una lágrima por mi gloriosa muerte. Todo tu sufrimiento cámbialo en amor a mi preciosa hija. Estoy tranquilo y no tengo miedo", afirma Emilio Fernández el día de su fusilamiento, el 26 de noviembre de 1937.
Todas las cartas están escritas en la capilla de la prisión provincial de Santander y sus autores saben que son las últimas que van a escribir. Cuidando la caligrafía y con una entereza insólita en tales circunstancias, los reos se despiden de sus familiares haciendo inventario de lo que guardan en los bolsillos e intentando ser prácticos: "Julián me debe 1.900 pesetas. Benita me debe 1.300. Dejo el cuero, el reloj, una cartera, 180 pesetas en billetes de diez pesetas, una libreta del Banco Mercantil con 1.500...", enumera Julio Prada, fusilado el 16 de mayo de 1938.
Hoy, en el cementerio de Ciriego, hay nueve monolitos con los nombres de los ejecutados, levantados y financiados por una colecta de la asociación Héroes de la República. "Mi abuela se emocionó mucho el día que levantaron el monolito con el nombre de mi abuelo. Saber el sitio donde estaba enterrado fue como un sueño para ella. Siempre temió que estuviera aquí, y solía tirar flores por encima de la tapia, pero hasta la investigación de Ontañón no estuvo segura. Murió poco después", recuerda la nieta de Ángel Martínez.
Los familiares de los ejecutados pueden ir ahora al cementerio a leer los nombres de sus parientes, pero algunos todavía sienten que les falta algo. Se han recuperado los nombres, pero no los cuerpos. "¿Nunca podremos sacarle de la fosa? ¿Y con el ADN no se puede hacer?, insiste Carmina, de 70 años, hija de Felipe Abelleira, un militar republicano fusilado el 21 de abril de 1939, a los 37 años. "Me hubiese gustado enterrarlo con mi madre", lamenta.
"Les ejecutaban y les echaban a la zanja con una carretilla. Son muchos y están mezclados unos con otros. El nieto de uno de los fusilados apareció un día en mi casa con medio millón de pesetas para que exhumara la fosa. Cuando le dije que en esa misma zanja había otros 107 y que era imposible, se decepcionó muchísimo", recuerda Ontañón. "Sé que es imposible recuperar el cuerpo de mi abuelo y además creo que con quien mejor está es con sus compañeros", concluye Dolores Puente. Lo mismo piensa Carmen Zapata, sobrina de Matilde Zapata, periodista republicana, fusilada el 28 de junio de 1936 a los 32 años.
En cualquier caso, todos los familiares agradecen tener un lugar. "Tenía poco más de dos años cuando mi madre fue a llevarle a mi padre una tortilla a la cárcel y le dijeron que lo habían matado. Todo lo que sé de él es por lo que me han contado, pero cuando Antonio [Ontañón] me llamó y me dijo que sabía dónde estaba, me emocioné. Averiguar dónde está mi padre ha sido la alegría de mi vida", asegura Carmina Abelleira 68 años después.






UN GRAN PASO PARA LA JUSTICIA HACIA LOS DESAPARECIDOS

Nace la Convención para la Protección de los DesaparecidosLa legislación internacional de derechos humanos dará mañana un gran paso en París, según la autora, con la firma de la convención sobre las desapariciones.

LOUISE ARBOUR 05/02/2007 es Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


Mañana, 6 de febrero, la trascendental Convención Internacional para la Protección de todas las Personas frente a la Desaparición Forzosa podrá firmarse en París. Este tratado, negociado en un tiempo récord bajo la supervisión de Francia, llena un flagrante vacío de la legislación internacional en materia de derechos humanos, haciendo explícita la prohibición de las desapariciones. Ahora la tarea consiste en garantizar que la nueva convención sea pronto aplicada para responder a las esperanzas y demandas de justicia de las víctimas y de sus familias, así como para satisfacer su "derecho a saber".

Ya hace casi treinta años que las madres de la Plaza de Mayo, al clamar por conocer el paradero de sus hijos, llevaron su dolor privado a las calles de Buenos Aires, grabando de manera indeleble las penalidades de los desaparecidos en nuestra conciencia colectiva. No sólo siguen sin esclarecerse las circunstancias de muchas desapariciones perpetradas en los años setenta y en décadas posteriores, sino que esta vergonzosa práctica, lejos de ser una reliquia de viejas "guerras sucias", sigue cometiéndose en todos los continentes.


Sólo en 2006, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias, perteneciente a las Naciones Unidas, recibió más de 300 nuevos casos de 12 países de todo el mundo. Y ésta no es más que la punta del iceberg, ya que muchos casos no llegan hasta este organismo. Desde su constitución en 1980 hasta la fecha, el Grupo ha examinado más de 51.000 casos, que, en su gran mayoría, los 79 Estados afectados siguen sin esclarecer del todo.



Cada vez que me reúno con los familiares de las víctimas comprendo en toda su crudeza lo que en realidad significa que esos casos no puedan cerrarse. El mes pasado, durante mis visitas a Japón y Nepal, una vez más tuve la oportunidad de conocer directamente el dolor sin paliativos que las desapariciones suponen para multitud de vidas. En Japón, todavía hay familias que ansían saber lo que les ocurrió realmente a sus parientes, secuestrados por agentes de la República Democrática Popular de Corea durante los años setenta y ochenta. En Nepal, las Naciones Unidas han recibido unos 500 informes sobre desapariciones perpetradas por las autoridades estatales y sobre otras 120 personas cuyo paradero, después de haber sido supuestamente secuestradas por el Partido Comunista de Nepal (maoísta) durante el conflicto, aún no se ha determinado.


En otros países, los secuestros en nombre de la lucha mundial contra el terrorismo, así como las desapariciones de defensores de los derechos humanos, familiares y testigos, también constituyen una acuciante preocupación. Igualmente inquietante es que, en zonas que salen de periodos de conflicto, se intenten conseguir garantías de paz a costa de amnistiar a los autores de desapariciones.


En todos esos contextos, y al margen de que los casos puedan variar según sea su naturaleza o el lugar y el momento en el que se producen, la suerte de todos los secuestrados debe esclarecerse, los autores de las desapariciones deben rendir cuentas de sus actos, las circunstancias históricas deben aclararse y hay que hacer justicia. Si no se cumplen esos requisitos, el agujero negro de la incertidumbre y de la desesperación en el que se sumen las familias de los desaparecidos no quedará sellado, mientras que la nube de sospecha y de resentimiento que afecta a países enteros no se disipará.


La nueva convención exigirá a los Estados parte que creen esos requisitos y que den poder a las víctimas para que exijan su aplicación. Al ser legalmente vinculante, la convención refuerza y expande la Declaración de Protección de Todas las Personas frente a la Desaparición Forzosa de 1992, y crea obligaciones precisas que los Estados han de cumplir. Con una redacción que recuerda la prohibición absoluta de realizar torturas, estipula: "Nadie será sometido a desaparición forzosa". La convención no contempla derogación alguna de este precepto. De manera que los países no podrán aducir estado de guerra, amenaza de la misma, inestabilidad política interna ni ninguna emergencia pública para fijar excepciones adaptadas a sus propias circunstancias. Lo crucial es que solicita a los Estados que definan las desapariciones forzosas como delitos dentro de su propia normativa legal, estipulando que serán crímenes contra la humanidad cuando su práctica sea generalizada o sistemática. Este nuevo instrumento también instaura el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a pedir reparaciones por el daño sufrido. Junto a cláusulas relativas a la prohibición de esta práctica, la convención incluye otras centradas en la prevención y sitúa la lucha contra la impunidad de los autores de desapariciones en el centro de sus exhaustivas disposiciones.


Evidentemente, lo que la convención no proporciona es un conjunto de soluciones instantáneas para un problema tan permanente y arraigado como son las desapariciones forzosas. Para erradicar esta plaga no sólo se necesita poner en práctica las disposiciones legales de la convención, sino, y esto es lo fundamental, contar con la voluntad política y el deseo fehaciente de aplicarlas. La tarea difícil comenzará cuando se haya disipado la euforia que conlleva la celebración de este notable éxito para el progreso de los derechos humanos. Firmar y ratificar sin demora la convención será un paso decisivo para fomentar la seguridad de las personas.


FUENTE: Asociación para la recuperación de la memoria histórica.







P.d.: Impresionante documento aportado por WHO.

Este tema ha sido editado por Heracles: 07 February 2007 - 01:25

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#51
alexis

alexis

    El faro que nos ilumina

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de puta madre esta medida vaya , manda huevos que hayan tenido que pasar 70 años pero mas vale tarde que nunca.
espero que se haga aqui lo mismo en el cementerio
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#52
SIN PERDON

SIN PERDON
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La verdad es q nunca lo habia visto como tú, no había caido en que algunos familiares no quisieran exhumar a los suyos... joder, vaya melocotón, si te lo propusieran ¿que harías?


Pues creo que he dejado claro que me opondré a semejante acto pero debo reconocer que cuento con la ventaja de saber donde está mi abuelo paterno así que al menos en su caso no se puede hablar de desaparecido y si de asesinado.
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#53
WHO

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Pues creo que he dejado claro que me opondré a semejante acto pero debo reconocer que cuento con la ventaja de saber donde está mi abuelo paterno así que al menos en su caso no se puede hablar de desaparecido y si de asesinado.



esta matización que haces es muy importante...

Por cierto, lo siento
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#54
alexis

alexis

    El faro que nos ilumina

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el que no quiera que le saquen a sus familiares que lo vuelva a dejar en la fosa , pero no se hay muchos padres y hermanos todavia enterrados como para pasarlos por alto.
quizas cuando solo queden nietos a lo mejor llegamos a la conclusion de que hay que dejarlos alli pero los mas mayores los quieren consigo.
por lo menos van a poder llevarle flores al cementerio y poderle hacer un tributo como debe ser.
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#55
SIN PERDON

SIN PERDON
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el que no quiera que le saquen a sus familiares que lo vuelva a dejar en la fosa , pero no se hay muchos padres y hermanos todavia enterrados como para pasarlos por alto.
quizas cuando solo queden nietos a lo mejor llegamos a la conclusion de que hay que dejarlos alli pero los mas mayores los quieren consigo.
por lo menos van a poder llevarle flores al cementerio y poderle hacer un tributo como debe ser.


¿Te has parado a pensar la sandez que acabas de soltar?¿me quieres iluminar de como en una fosa llena de huesos puedo yo saber cuales pertenecen a mi abuelo y cuales no? y por otra parte tu aquí no eres parte interesada así que mejor lo dejas estar para los que si lo somos ¿ok?


pd Gracias WHO
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#56
chack

chack

    El Mentor

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Dos cosas:

1. Podríais identificar la foto??

2. Me gustaría seguir el asunto de las fosas de Valencia.
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#57
alexis

alexis

    El faro que nos ilumina

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pues lo mismo como se identifica a los demas , se agrupan los huesos de los fusilados y despues por las pruebas de adn , asi es el patron que se esta siguiendo.
ademas si portan algun objetivo que los familiares recuerden no hace falta identificarlos , este proceso es el que se esta llevando a cabo
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#58
Heracles

Heracles

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UNO DE LOS GRANDES HORRORES DE LA HUMANIDAD

El camino de los olvidados
Miedo y una sola vía de escape: la carretera de Almería. Ocurrió hace 70 años. La entrada de las tropas franquistas en Málaga empujó a miles de personas a huir. El mayor éxodo hasta ese momento en Europa empezó un 7 de febrero
TEXTO: ELENA DE MIGUEL

FOTOS: NORMAN BETHUNE, CEDIDAS POR JESÚS MAJADA Y EL CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFÍA - E. D. M. / MÁLAGA/

HUBO un domingo en el que el miedo se apoderó de una ciudad; un domingo en el que en cada calle, en cada esquina y en cada casa se susurraron los peores presagios. Hubo un domingo donde el terror lo acaparó todo y empujó a la multitud a una carretera que era en realidad una trampa mortal. Ocurrió un domingo de guerra civil y ocurrió en Málaga, pese a que la Historia, desmemoriada a veces, apenas lo recuerda. Sus protagonistas, sin embargo, no lo han olvidado. El tiempo los ha cargado de años, pero ha mantenido intacto aquel 7 de febrero.

Ana María Jiménez lo rememora hoy, con 86 años, sentada frente a una mesa camilla en su casa, de la que apenas sale porque sus piernas ya no le responden. Sí lo hicieron aquel día y aquella semana durante la que estuvo huyendo hacia Almería, el destino ansiado por más de 150.000 malagueños que salieron a la desbandada, temerosos de la llegada de las tropas franquistas. El 7 de febrero de hace 70 años, Ana María se despertó en su casa en Capuchinos. Había sido, sin saberlo, la última noche que dormiría allí. Rodeando la ciudad, los soldados nacionales, los regulares del Tercio de Marruecos y las columnas italianas de Mussolini contaban ya las horas para ocupar Málaga. «Fuera de mi casa la gente estaba mirando los Montes de Málaga, desde donde se veían los cañonazos. Gritaban: '¿Que vienen! ¿Ya están ahí los moros!'. Nos subimos a un camión, pero, al llegar a Rincón de la Victoria, nos quedamos sin gasolina y seguimos a pie».



«Que vienen los moros». La misma frase se repitió de puerta en puerta. El pavor a los regulares que acompañaban a las tropas franquistas se había fraguado durante meses a golpe de relato, de escuchar una y otra vez la misma historia, la que contaban los refugiados que desde septiembre del 36 empezaron a llegar a la capital procedentes de los pueblos del interior que ya habían sido tomados por los nacionales. Hablaban saqueos, de asesinatos, de violaciones... Hasta entonces habían sido historias lejanas, ocurridas en otros sitios. Pero ahora estaban ahí, a las puertas de la ciudad.

De distinta ideología

La presión se hizo insoportable y empujó a personas de distintas ideologías a huir; incluso aquellos que no tenían nada que temer porque ni tenían las manos manchadas de sangre ni se habían significado política o sindicalmente.

Las calles de Málaga se tornaron ese día una marea de personas que lo inundaba todo y que avanzaba por la Alameda, el Parque, El Palo, Peñón del Cuervo... «Todo el barrio de La Malagueta tiró para delante. Yo tenía seis años, pero ya era consciente de que huíamos de los fascistas», recuerda José Martos, 76 años.

Mujeres, hombres, niños, ancianos, subidos en burros o a pie, cargados de bultos, de las cosas más insospechadas: máquinas de coser, colchones, muebles, ajuares enteros... La masa lo absorbía todo, empecinada en tomar la única salida posible: una estrecha carretera encajonada entre el mar y la montaña. 219 kilómetros por delante, eternos, hasta llegar a Almería.

En el Monte Coronado, un grupo de milicianos, entre los que se encontraba José Ginés, había intentado defender la ciudad durante todo el día. «Estuvimos allí pegando tiros, pero, cuando llegó la noche, el teniente Pérez nos dijo que nos fuéramos porque Málaga iba a ser tomada por la mañana». A las 7.30 del lunes 8, las tropas del coronel Borbón entraban por el barrio de Huelin. Apenas unas horas después, el joven cabo empezaba también a caminar. «Ya se había marchado casi todo el mundo. Yo iba vestido de militar con otros dos. Nos vimos con dificultades para salir de la ciudad porque disparaban desde las ventanas».

Los bombardeos

El grueso de la caravana de refugiados enfilaba ya Torre del Mar. En la costa, se dibujaron los primeros barcos: el Baleares, el Canarias y el Almirante Cervera. Sobre las cabezas, los aviones. El general en jefe del Ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano, que dirigía la operación, explicaba así lo que estaba a punto de ocurrir: «A los tres cuartos de hora, un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más aprisa, enviamos a nuestra aviación que los bombardeó».

Las cunetas, los huecos en la montaña, las alcantarillas o los cañaverales fueron improvisados refugios para aquella multitud aterrorizada. «Me tumbé en una hondonada. Tiraron una bomba, a mi lado cayó un trozo de metralla. Un poco más allá, la bomba había matado a un carabinero». Joaquín Fernández de la Torre tenía 10 años y arrastraba como podía unos zapatos negros de charol que se quedaron sin suela a los pocos kilómetros. De banda a banda, así recuerda que iba la carretera, entre gritos de familiares que se llamaban. «A mí se me extravió mi hermana Carmela, de seis años. Íbamos despavoridos, chillando su nombre. Yo no paraba de llorar. Menos mal que pudimos recuperarla más adelante».

Detrás de ellos, las tropas italianas. La ansiedad se mezcló con el agotamiento y el hambre. Las plantaciones de caña de azúcar apenas daban para todos. Algunos padres, desesperados, imploraban a los pocos camiones que avanzaban entre la riada de personas que se llevaran a sus hijos.

El tramo entre Nerja y La Herradura fue el episodio más negro del éxodo, el mayor que había vivido Europa hasta ese momento. La profundidad del mar permitió a los barcos acercarse más a la orilla. Los bombardeos desde los aviones se volvieron despiadados. Entre el gentío caminaba Consuelo Torres. «La carretera era como una serpiente. A un lado la montaña, al otro, los acantilados. Eso era terrible. Yo, que tenía 10 años, vi a un matrimonio que llevaba un niño moribundo y vi cómo hacían un hoyo en la carretera y lo enterraban».

La cuesta de La Herradura se cubrió de cadáveres. «En el suelo había una familia, serían 12 ó 15, todos estaban muertos. Encima de un bulto, había una niña llorando. Mi madre la quiso coger, pero mi padre le dijo que no podíamos tirar de ella. Cuando llegamos a Almuñécar, supimos que otra familia la había recogido», relata José Martos.

El puente sobre el río Guadalfeo, a mitad de camino, había sido volado; el caudal fluía tan crecido que resultaba insalvable, pero nada podía retener a aquella expedición. «Llegamos de noche. Estaba oscuro y escuchábamos los gritos de la gente, porque se ahogaban. Pero, ¿quién iba a salvarlos? Entonces, apareció un camión y alguien dijo: '¿Camaradas! No crucéis. Vamos a pasar el camión y, si se hunde, ya sabéis por dónde no tenéis que pasar'. No se hundió y pasamos por donde fue el camión».

Los últimos tramos

Los bombardeos se espaciaron. Las Brigadas Internacionales habían frenado el avance nacional en Motril. Insignificante alivio para los refugiados que caminaban exhaustos, con los pies liados y las piernas hinchadas, apesadumbrados por lo que habían sufrido y porque muchos habían perdido a sus seres queridos. Kilómetros después, la recta de Adra apareció infinita. De la nada surgieron camiones recogiendo a gente. En uno de ellos, viajaba el médico canadiense Norman Bethune (“Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos.
“Imaginaos ciento cincuenta mil hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio, temerosos del ejército nacionalista del general Queipo de Llano. No hay más que un camino. No hay más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería, y hay que andar hasta allí cerca de doscientos kilómetros… huyendo entre declives de más de treinta metros. Un camino encajonado entre los altos picos de la Sierra Nevada y el mar… hay que andar cuarenta o cincuenta kilómetros al día, una caminata de cinco días con sus noches… Y no encontrarán alimento en los poblados por donde pasan, ni medios de transporte. Tienen que caminar, caminar, mujeres, ancianos y niños… tambaleándose, tropezando, abriéndose los pies en los pedernales polvorientos, mientras que los fascistas los bombardean sin piedad desde los aviones y los cañonean desde el mar. “Es una inmensa hilera humana, que se estira de Málaga a Almería… Aunque menos conocido que otros, fue el hecho más criminal de la Guerra Civil: más que las matanzas de Badajoz, más que el bombardeo de Guernica…). Su ambulancia se convirtió en la salvación para cientos de personas. Día y noche recorrió Bethune la carretera en sentido inverso evacuando a refugiados hasta Almería. Pero son sus fotos, las únicas que existen sobre el éxodo, las que lo han inmortalizado para la posteridad, cuando ya ni siquiera queden supervivientes para contarlo.

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Los malagueños que llegaron a Almería partieron en su mayoría en trenes y barcos, hacinados, para el Levante o Cataluña. Muchos regresaron al terminar la guerra; otros acabaron en el exilio.

Aquellos hechos permanecieron silenciados por ambos bandos. Los nacionales nunca reconocieron el bombardeo de la población civil ya que siempre sostuvieron que quienes huían eran milicianos. Para el Gobierno de la República, el ataque contra los refugiados malagueños se convirtió en un pesado lastre que evidenciaba que no se hizo lo suficiente para protegerlos.

Cayeron los años, pero bajo la densa capa de un silencio de décadas, queda aún hoy una memoria latente, narrada de abuelos a hijos, de hijos a nietos. Allí dejó su marca y en ellos se puede revivir todavía aquella huida, que empezó un domingo de febrero.




LEÁNLO ENTERO PORQUE MERECE LA PENA.

Este tema ha sido editado por Heracles: 08 February 2007 - 11:51

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#59
WHO

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UN GRAN PASO PARA LA JUSTICIA HACIA LOS DESAPARECIDOS

Nace la Convención para la Protección de los DesaparecidosLa legislación internacional de derechos humanos dará mañana un gran paso en París, según la autora, con la firma de la convención sobre las desapariciones.

Mañana, 6 de febrero, la trascendental Convención Internacional para la Protección de todas las Personas frente a la Desaparición Forzosa podrá firmarse en París. Este tratado, negociado en un tiempo récord bajo la supervisión de Francia, llena un flagrante vacío de la legislación internacional en materia de derechos humanos, haciendo explícita la prohibición de las desapariciones. Ahora la tarea consiste en garantizar que la nueva convención sea pronto aplicada para responder a las esperanzas y demandas de justicia de las víctimas y de sus familias, así como para satisfacer su "derecho a saber".

Ya hace casi treinta años que las madres de la Plaza de Mayo, al clamar por conocer el paradero de sus hijos, llevaron su dolor privado a las calles de Buenos Aires, grabando de manera indeleble las penalidades de los desaparecidos en nuestra conciencia colectiva. No sólo siguen sin esclarecerse las circunstancias de muchas desapariciones perpetradas en los años setenta y en décadas posteriores, sino que esta vergonzosa práctica, lejos de ser una reliquia de viejas "guerras sucias", sigue cometiéndose en todos los continentes.


Sólo en 2006, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias, perteneciente a las Naciones Unidas, recibió más de 300 nuevos casos de 12 países de todo el mundo. Y ésta no es más que la punta del iceberg, ya que muchos casos no llegan hasta este organismo. Desde su constitución en 1980 hasta la fecha, el Grupo ha examinado más de 51.000 casos, que, en su gran mayoría, los 79 Estados afectados siguen sin esclarecer del todo.



Cada vez que me reúno con los familiares de las víctimas comprendo en toda su crudeza lo que en realidad significa que esos casos no puedan cerrarse. El mes pasado, durante mis visitas a Japón y Nepal, una vez más tuve la oportunidad de conocer directamente el dolor sin paliativos que las desapariciones suponen para multitud de vidas. En Japón, todavía hay familias que ansían saber lo que les ocurrió realmente a sus parientes, secuestrados por agentes de la República Democrática Popular de Corea durante los años setenta y ochenta. En Nepal, las Naciones Unidas han recibido unos 500 informes sobre desapariciones perpetradas por las autoridades estatales y sobre otras 120 personas cuyo paradero, después de haber sido supuestamente secuestradas por el Partido Comunista de Nepal (maoísta) durante el conflicto, aún no se ha determinado.


En otros países, los secuestros en nombre de la lucha mundial contra el terrorismo, así como las desapariciones de defensores de los derechos humanos, familiares y testigos, también constituyen una acuciante preocupación. Igualmente inquietante es que, en zonas que salen de periodos de conflicto, se intenten conseguir garantías de paz a costa de amnistiar a los autores de desapariciones.


En todos esos contextos, y al margen de que los casos puedan variar según sea su naturaleza o el lugar y el momento en el que se producen, la suerte de todos los secuestrados debe esclarecerse, los autores de las desapariciones deben rendir cuentas de sus actos, las circunstancias históricas deben aclararse y hay que hacer justicia. Si no se cumplen esos requisitos, el agujero negro de la incertidumbre y de la desesperación en el que se sumen las familias de los desaparecidos no quedará sellado, mientras que la nube de sospecha y de resentimiento que afecta a países enteros no se disipará.


La nueva convención exigirá a los Estados parte que creen esos requisitos y que den poder a las víctimas para que exijan su aplicación. Al ser legalmente vinculante, la convención refuerza y expande la Declaración de Protección de Todas las Personas frente a la Desaparición Forzosa de 1992, y crea obligaciones precisas que los Estados han de cumplir. Con una redacción que recuerda la prohibición absoluta de realizar torturas, estipula: "Nadie será sometido a desaparición forzosa". La convención no contempla derogación alguna de este precepto. De manera que los países no podrán aducir estado de guerra, amenaza de la misma, inestabilidad política interna ni ninguna emergencia pública para fijar excepciones adaptadas a sus propias circunstancias. Lo crucial es que solicita a los Estados que definan las desapariciones forzosas como delitos dentro de su propia normativa legal, estipulando que serán crímenes contra la humanidad cuando su práctica sea generalizada o sistemática. Este nuevo instrumento también instaura el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a pedir reparaciones por el daño sufrido. Junto a cláusulas relativas a la prohibición de esta práctica, la convención incluye otras centradas en la prevención y sitúa la lucha contra la impunidad de los autores de desapariciones en el centro de sus exhaustivas disposiciones.


Evidentemente, lo que la convención no proporciona es un conjunto de soluciones instantáneas para un problema tan permanente y arraigado como son las desapariciones forzosas. Para erradicar esta plaga no sólo se necesita poner en práctica las disposiciones legales de la convención, sino, y esto es lo fundamental, contar con la voluntad política y el deseo fehaciente de aplicarlas. La tarea difícil comenzará cuando se haya disipado la euforia que conlleva la celebración de este notable éxito para el progreso de los derechos humanos. Firmar y ratificar sin demora la convención será un paso decisivo para fomentar la seguridad de las personas.

http://www.memoriahi...h...cle&sid=382




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ESPACIOS PÚBLICOS SIN APOLOGÍA DEL FRANQUISMO

ELIMINAN LOS SIMBOLOS FRANQUISTAS DEL TRIBUNALRetiran el último emblema de Franco del TSJALas vidrieras con el águila se sustituirán por el escudo del PrincipadoLas labores de instalación se prolongaron a lo largo de todo el día

13/02/2007 MARIA IGLESIAS/LA VOZ DE ASTURIAS


El águila franquista acompañada por el lema Una, Grande y Libre que hasta ayer decoraba las vidrieras de las puertas de entrada del Palacio de Valdecarzana, sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en Oviedo, ha dejado de existir. Eran las nueve de la mañana cuando tres trabajadores del Principado comenzaban la retirada de lo que suponen "los últimos resquicios franquistas que alberga el tribunal", según aseguraron fuentes de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.


Por orden de esta Consejería, los tres trabajadores, pertenecientes a una empresa contratada, supervisados por funcionarios del Principado, retiraron uno de los escudos para colocar en su lugar un cristal transparente a la espera de poder ubicar allí una vidriera con el escudo de Asturias.


Las labores de retirada e instalación de las nuevas vidrieras que se encontraban, una en la entrada del edificio y otra en el interior, se prolongaron durante toda la mañana y también por la tarde ya que, según comentaron los técnicos, "se debe realizar con mucho cuidado al encontrarse pegadas con masilla muy antigua".





La sustitución de los símbolos franquistas se realizó entre poca expectación y absoluta normalidad, según había asegurado el consejero de Justicia Francisco Javier García Valledor, "el cambio de las águilas franquistas por el escudo asturiano en las vidrieras del TSJA no acarreará ninguna polémica". Por ello, Valledor afirmó que las "únicas polémicas que se generarán será por parte de personas que desean que no se cumpla la ley".


Esta decisión es la primera que ha tomado la Consejería en relación a la retirada de símbolos franquistas en edificios de Justicia tras el 1 de octubre pasado cuando se transfirió la competencia en este área al Principado.


Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuya plantilla todavía es provisional, no han sido consultados en cuanto a la retirada de los emblemas de Franco. Asimismo, no desean realizar ninguna declaración al respecto.


Y es que la ley de la memoria histórica causa controversia también en Asturias. El proyecto de ley ha causado una enorme polémica entre los partidos políticos e instituciones. El PSOE, que ha tenido que modificar sus previsiones iniciales, no ha encontrado apoyos. La derecha critica el proyecto por considerar que no es necesario despertar el pasado.


www.memoriahistorica.org
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